LA MALA INTENCIÓN DE LA CARTA FIRMADA POR EL MINISTRO MARTINEZ
La carta de Intención que Ecuador firmó con los acreedores de la Deuda Externa
Antecendente
La carta de intención firmada con el FMI este octubre del 2020, se inscribe dentro del programa Servicio Ampliado del FMI (SAF) – o FFP por sus siglas en inglés (Extended Fund Facility) y es la evolución final del acuerdo borrador trabajado entre el FMI y el Gobierno de Moreno un año atrás y por cuya lesiva aplicación se provocó el levantamiento indígena y popular de los primeros 13 días de octubre del año 2019. Este acuerdo quedó sentido y se congeló definitivamente en mayo de 2020 cuando el FMI reprochó al Ministerio de Finanzas y al Banco Central del Ecuador por no tener cifras correctas tanto en deuda como en proyección financieras, sin embargo que la verdadera razón estuvo en la imposibilidad de aplicar medidas tan contractivas en un momento de crisis general con un gobierno débil al que aún le faltaba dos años de funciones, luego con la muerte y el hambre rondando los hogares de los ecuatorianos y a puertas de un proceso electoral dónde los candidatos deberían ser cuidadosos en no afectar su imagen con afectaciones tan grandes. Además, que Ecuador aún no había tomado las medias suficientes para garantizar el pago.
De octubre a octubre, el FMI exigió renegociar la deuda con los principales acreedores como requisito para la firma del acuerdo, así se evitaría el riego de default tan temido por los acreedores y que fuera el instrumento de presión de la Argentina para ir con “cara de perro” a exigir que su deuda fuera reducida en 40%. Nosotros con cara de perrito faldero solo conseguimos el 3%.
Además, fue el plazo necesario para que el gobierno tome las medidas exigidas por el FMI y que solo el atemperamiento de la reacción popular asustada y encerrada por el Covid pudo permitir; esto es, la eliminación del subsidio de la gasolina, la reducción de egresos fiscales vía despidos y o reducción de la base salarial (menos horas, menos sueldos, incluso no pago) y la supresión de inversión pública, cosas que un año atrás hubieran sido impensables. Como paliativo entregaron al país el primer tramo de $1,400 millones mismos que fueron utilizados para cubrir pagos de la crisis sanitaria, bonos a vulnerables, sueldos y la parte de los intereses de la deuda que vencían hasta mayo 2020.
Con la cadena nacional presidencial del 4 de octubre de este año, se comunica al país la firma del acuerdo, mediante el cual el FMI garantiza el cobro de la deuda a tiempo, con buenos intereses y mínimo castigo y del otro lado los esfuerzos a los que se compromete el Ecuador para garantizar flujos a través de incremento de la tributación, reducción de egresos y generación de una reserva monetaria que cubra eventuales problemas de liquidez si la economía no se recupera o la pandemia se prolonga,
También nos comprometemos a que los ajustes vía incremento de tributación o reducción de gastos no serán una sola vez, sino que deberán hacerlos tan pronto se presente “una pérdida de confianza ¿?, baja en los precios del petróleo o déficit fiscal …”.
El presidente Moreno pondera que gracias a este acuerdo ingresarán fondos necesarios para reflotar la economía, pues el FMI entregará en el lapso de 27 meses:
• USD 2.600 millones en 2020 (se descuenta 1400 millones ya entregados en mayo 2020).
• USD 1.500 millones en 2021.
• USD 1.000 millones en 2022.
A una tasa de 2,9% y 10 años plazo y 4 años de gracia, pero desembolsos sujetos a previa verificación de cumplimiento del plan.
El FMI deja claro en el documento, que la deuda será uno de los indicadores claves para garantizar desembolsos, esto implica pagar cumplidamente a los tenedores de deuda con recursos provenientes de impuestos, se recupere o no la producción.
El FMI recomienda que los objetivos el acuerdo que sean promocionados a la población en base a agresivas campañas comunicacionales sobre la base que sirve para “proteger vidas y medios de subsistencia tras la pandemia de COVID-19”.
Y también hay objetivos que al leerlos solo nos recuerdan que somos un país inundado por la corrupción, por ejemplo: “incentivar la transparencia fiscal y la promoción de la gobernanza”, “implementar sistemas anticorrupción principalizando el sector de las compras públicas”, “transparentar cuentas que permita al FMI evaluar el avance de la aplicación del programa” e incluso “llegar con subsidios a los sectores que realmente necesitan”.
Nuestra realidad.
A cambio de estos fondos el gobierno de todos, todo el país, y todos menos algunos nos comprometemos a aplicar medidas y cumplir unas metas referentes a:
1. La moderación del gasto corriente y de capital.
2. Una reforma tributaria inteligente e integral.
3. Una mejor gobernanza del gasto público, mientras se continúa expandiendo la cobertura de la protección social
Respecto a la “moderación del gasto corriente y del capital”, señala caminos de reducción significativa a corto y mediano plazo de los rubros más importante del gasto corriente; Salarios (32%) y Seguridad Social (19%) y de la inversión en Obra Pública (15%).
Sobre la reforma “tributaria inteligente e integral”, el mismo FMI nos comparte este desglose con rubros relevantes:
Sobre el IVA recomienda que se “apunte a alinear a Ecuador con sus pares regionales”. En Sudamérica el IVA de Ecuador solo está por encima de Paraguay, Venezuela y Guyana.
El IVA aportaría con el 50% de los ingresos esperados por la reforma tributaria. El resto son marginales en recaudación, pero de impacto a las facilidades para el consumo, así: eliminación de exenciones, incremento de impuesto personal, impuesto a la gasolina. Sobre el subsidio a combustibles ya no se hace énfasis pues el peso que tenían las gasolinas ya no lo tienen, queda el gas y el diesel. Llama la atención que el impuesto a la salida de divisas se tenga como rubro negativo es decir se sugiere desmontarlo, pues no ha contribuido a detener la salida de capitales, pero se ha convertido en el 3er impuesto por su monto.
Y respecto a “la gobernanza” se asienta sobre todo en la autonomía del Banco Central para que no actúe como prestamista del sector público, pero sí que cree un fondo de contingencia (reservas) por si la producción no se recupera y hay que cumplir con los pagos comprometidos.
Por último, el FMI enfatiza que las medidas no deberían ser permanentes, sino que las autoridades se han comprometido a deshacer a medida que la economía comienza para recuperar”. Pero cuando será esto, más bien en la historia de la economía del Ecuador, es más probable que ya no se regrese y se sienta en el incremento de precios (las salvaguardas colocaron nuestros precios a niveles internacionales y nunca bajaron pese a que se eliminaron la mayor parte de las salvaguardas.
¿Qué pasaba si no había este acuerdo con el FMI?
1. No había acuerdo con acreedores y entrabamos en default de deuda cercana a 20 mil millones de dólares.
2. Se tenía que desembolsar cerca de $6 mil millones por intereses y capital hasta el 2024.
3. Se cerraba la provisión de fondos de corto plazo para cubrir déficit fiscal y gastos de pandemia
4. Se entraba en un potencial marco de demandas internacionales
5. Se podría afectar los mercados comerciales por las referencias cruzadas de inversionistas y compradores.
Esta renegociación permitirá empujar los pagos de $ 10,500 millones de principal y $5,500 millones de intereses de la deuda que vencían hasta 2028 hacia finales de 2040 (ver gráficos).
Es verdad que era un cúmulo de grandes males que se pudieron desencadenar si entrabamos en default, pero no se descarta que renegociar con visión de país, se podrían haber obtenido reducciones sensibles e incluso condonaciones que se dan a deudores en crisis o incluso alternativas de crédito (otras fuentes) que hubieran implicado no caer en la trampa de las medidas recesivas del FMI. Era la otra posibilidad, pero a Martínez no le hubiera significado puntos con el BID y hubiera puesto en riesgo el trabajo, ese mismo halagüeño trabajo que en poco tiempo le espera a Mauricio Pozo, el otro “patriota” que toma el relevo. Cabrá decir, relevos autorizados en las mismas oficinas de la banca y el comercio de las que provienen.
Denunciamos el despilfarro del gobierno de las manos limpias que originaron la deuda. Y lo reprochamos. Pero tampoco debemos olvidar que el gobierno de relevo de Moreno, a pretexto de haber recibido la mesa vacía, propició un crecimiento de $12,700 millones adicionales de la deuda, lo que representa un crecimiento del 38% desde mayo de 2017 y con un techo del 61,4% superior al 40% del PIB que nos horrorizábamos rebasó el gobierno anterior. Por si acaso el 95% de este nuevo endeudamiento se contrajo antes de la pandemia.
¿Porque el acuerdo con el FMI no es deseable?
• Conlleva medidas que no son para reactivación sino recaudatorias para el pago de deuda.
• Son recesivas pues castigan directamente la inversión pública y el consumo.
• Son inequitativas, porque se sustenta en un tributo regresivo como es el IVA y pasa por alto el impuesto a la renta o impuestos especiales a la ganancia donde hay contribuyentes de altos ingresos (banca, telecomunicaciones, exportadores, cadenas de consumo masivo e incluso empresas públicas de servicios que ostentan monopolios).
• Cualquier incremento del IVA es pagado por la línea más débil, dado que los que manejan la producción, el comercio y el servicio trasladan el impuesto vía precio. • Nos ata a una cadena de ajustes al menos los 10 años que podría demorar la reactivación, convirtiendo en un círculo vicioso, de ajuste y recesión.
• Porque se pierde autonomía de acción para fijar nuestras propias decisiones y nos condiciona a las decisiones el FMI, que en su historial de cada 10 aplicaciones, 5 han resultado malas y 5 catastróficas.
¿Qué hacer frente al acuerdo con el FMI?
Desde todos los foros, seguir generando debate de lo inadecuadas que son las medidas recesivas en tiempo que necesitamos empuje de producción, consumo y empleo. Además, en este tiempo electoral no debería firmarse acuerdos que comprometan a una nueva administración, pues ésta incluso podría buscar alternativa de financiación antes de denunciar el presente acuerdo (para evitar caer en demandas). Pero si se ha de mantener el acuerdo con el FMI, es tarea de los gobernantes y la población:
• Diseñar políticas fiscales y tributarias para que el peso de la deuda no caiga sobre el sector popular, sino que pueda ser solidariamente soportada por los quno solo no perdieron en la crisis, sino que ganaron (cambiar el origen de los ingresos tributarios).
• Garantizar que los recursos frescos se coloquen para afianzar la cadena de pagos y reactivar el crédito productivo.
• Proteger el empleo a toda costa (el FMI prevé 2 millones de ecuatorianos en el desempleo al cerrar 2020).
• Garantizar que los recursos de asistencia lleguen a los sectores de mayor vulnerabilidad pero que se destine fondos para un programa que cubra a todos los ecuatorianos en el cuidado de actividades laborales durante la pandemia y en la provisión a cargo del gobierno de la vacuna para evitar comercio especulativo con la vida.
• Apostarle a la producción de exportación no tradicional sustentada en un organizado sector pequeño y mediano.
• Que se recuperen los tributos antes de poner adicionales.
• Trabajar en una estrategia de shock para bajar los precios de la economía (incluidas tasas de interés y precios de bienes y servicios principales) y no solo los salarios que son los únicos que se han contraído.
• Cuidar que lo señalado en el acuerdo respecto a la “monetización de los activos del estado” no caigan en una venta lesiva de nuestros recursos.
• Propiciar en los sectores laborales la aceptación de nuevas formas de trabajo acordes al desarrollo tecnológico y las caracterices de la crisis, pero cuidando que no desemboquen en practicas de precarización de trabajo o explotación encubierta.
A lo largo del documento se evidencia que esta no es una carta de intención firmada con el FMI como organismo internacional de estabilización y desarrollo, sino con el FMI como representante de acreedores de la Deuda incluyendo a algunos compatriotas y así hay que verlo.
Estamos por iniciar un camino donde la recesión es el fantasma, donde la recuperación no es el objetivo principal, y donde no todos colaboramos por igual, básicamente porque los que hicieron el acuerdo representan a esos grupos que tienen como práctica aplicar la ley del embudo, “ancho para mí, estrecho para el resto”, sin dejar de considerar que la recesión y costos provocados pero este acuerdo con el FMI tiene un impactado de excepción: la clase media, la productiva.
San Rafael, Octubre de 2020
Autor: Econ. Edison Estévez C.
Colaborador: Estud. Juan Sebastián Estévez E.
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