EL “NEGOCIO” DE LA PREVENTA PETROLERA

 






En el año 2009 el gobierno de Rafael Correa vio cerrados los mercados internacionales por su negativa de pagar los servicios de la deuda externa a la que había calificado de ilegítima; entonces para cubrir sus necesidades de efectivo ejecutó ventas anticipadas de petróleo a empresas de China a través de 13 contratos firmados entre 2009 a 2016, esto es casi 2 contratos por año. En la figura de preventa se recibían fondos que devengaban un interés del 7% al 9% (¿?)  y una tasa no especificada por los créditos de bancos chinos (Bolivia tuvo el mismo acuerdo de crédito, pero al 3%). El acuerdo en mención era recibir $18.020 millones en créditos por lo cual el gobierno se comprometía a pagar 8% en efectivo (¿?) y el 92% restante contra la entrega de barriles de crudo a precio reducido. Esos barriles se entregaron a precios por debajo de la cotización de mercado a un promedio de $45, cuando en esa fecha su cotización era el doble.

Con corte a febrero de 2022 se han entregado 1.174 millones de barriles de crudo a China, restando por entregar 500 millones adicionales hasta 2025. Se informa que el perjuicio es de alrededor de $3,6 por barril ($4.226,4 millones) si se hubiera vendido en los mercados internacionales, pero más bien este es el valor que se marginan los intermediarios, el verdadero perjuicio es muy superior y en adelante se puede observar unos cálculos realizados con la información disponible.

El primer contrato de deuda fue con Petrochina por 1.000 millones de dólares de crédito con garantía de 70 millones de barriles de petróleo, pero incluso quedaba atado el crédito a financiar obras como Coca Codo Sinclair la que ha sido declarada por Contraloría General del Estrado con sobreprecio y mala calidad, peor aún, el BID ha expuesto en sus estudios que el 65% de los créditos de preventa fueron a parar a la corrupción.

¿Por qué se dieron estas preventas? porque así financiaban la inversión, el problema es que en esos años Ecuador obtenía el mayor ingreso de dividas por petróleos de su historia, por lo que en términos pragmáticos, no se debía considerar créditos incluso por eso el gobierno de Correa canceló sus obligaciones con el FMI. ¿Entonces si no era la necesidad de financiamiento de las obras lo que impulsó la preventa qué movió ese afán febril por hacerlo? Eso le toca investigar a la Fiscalía y demás autoridades, pero suena impresentable y gracias a esa maniobra se enriquecieron intermediarios, bancos y los demás que tenían acceso a estos contratos.

En el siguiente cuadro se observa los años de firma de los contratos y los precios del barril de petróleo de esos años ¡los más altos!. Vuelven esos precios en los meses del gobierno de Lasso:








Las empresas Chinas a las que se entregan el petróleo son:

  • Petrotailandia (desde 2009)
  • Petrochina (2011 y 2016)
  • Unipeck (2014)

Y con las contrapartes financieras

  • Banco de Desarrollo de China
  • ICBC 

“Se aceptaron créditos atados a proyectos con empresas chinas. En medio se registraron tramas de corrupción, obras con sobreprecio, como Coca Codo Sinclair”, puntualizó Guillermo Lasso.


Revisando los números de este entuerto, esto saco a limpio:





                  ·        Trece (13) contratos desde 2009 hasta 2020

·         Seis (6) en preventa y (7) crédito

·         Cinco (5) finalizados

·         Todos firmados en el gobierno de Correa

Son 18,020 millones de dólares en créditos contra petróleo, por lo cual se comprometen 1,310 millones de barriles, las figuras asumidas son Anticipo por Preventa (10,200 millones de dólares más intereses) y créditos contra respaldo de petróleo (7,820 millones de dólares más intereses bancario).





Cada dólar de crédito es respaldado hasta por 4 dólares en barriles de petróleo. Poniéndolo de otra forma: por un crédito de 18 mil millones de dólares comprometimos USD 59 mil millones en petróleo de USD45/barril más intereses. Mientras con el “acuerdo” congelábamos el precio del barril en USD 45 (aprox.) el mercado se movía con valores de 2, 3 o 4 veces mayores.


Los inversionistas chinos y tailandeses que hicieron posible este acuerdo debieron ser condecorados por sus respectivos gobiernos y bancos.

En la tabla siguiente se puede observar los precios promedio que regían para esos años:



Recién ahora se ha podido conocer los términos de 2 de los 7 contratos y confirma lo que el asambleísta Villavicencio expone en cuanto volúmenes y precios, por supuesto él desde su posibilidad de acceder a información directa desde los estamentos y fuentes de las Petro, el resto de los ecuatorianos no tuvimos acceso a esta información por años.

 

En el cuadro “Análisis de Pérdidas para el Estado” se registra los posibles valores de pérdida para el Estado, con los supuestos que el precio promedio de barril acordado para la preventa fuera de USD 45 y por cada contrato obtuviéramos un promedio de los precios del barril para los años del crédito. Cambiando los precios de referencia sube o baja el perjuicio.

 

Calculando con los valores que se han difundido, tenemos que con la operación de crédito perdimos alrededor de 20 mil millones de dólares por no vender libremente (spot) y a los que si se suma el interés pagado por la preventa la pérdida sube a más de 22 mil millones de dólares.

 

Se podría justificar si dentro de la estatal petrolera, Ministerio de Finanzas, Senplades y Presidencia entre otras, no hubiera profesionales técnicos en manejo de mercados de futuros de petróleos y mercados financieros en general y digamos que por ignorancia les sorprendieron, pero no es así. Cabe también recordar que en todos estos contratos subyace la figura de Jorge “el inocente” Glas.


Se podría justificar que había una necesidad urgente y dramática de recursos para la economía del país, pero como se puede defender esto si vemos claramente que en esa época el país recibía el mayor flujo de ingresos de su historia producto de los altos precios del petróleo. (¿?). Lo otro que también se desprende es que alguien (es) estaba desesperado por pre-vender.


Además, de 2009 a 2016, no se contabilizó como deuda estos valores con interés que superaban los 18 mil millones y solo se lo hizo en abril de 2018 por disposición de Contraloría General del Estado y en respuesta por la presión nacional aún cuando ya se había pagado el 85% de la deuda (si se contabilizaba como deuda el gobierno de Correa excedía el límite el 40% de endeudamiento al menos desde el año 2015).


Con todo esto queda claro que los 4 o 5 mil millones que el asambleísta Villavicencio denuncia que quedaban en manos de los intermediarios, es solo una parte de todo el perjuicio ocasionado.

Para la fecha, aún se deben 500 millones de barriles de petróleo a las petroleras asiáticas con cumplimiento hasta 2024, pero es casi 4 años de producción lo que configura otro despropósito, esto es haber comprometido una cantidad mayor a la que producimos.  Por esto Lasso fue a China para negociar una prórroga en la entrega que le permita vender más aprovechando el alto precio del crudo y por otro lado le permita refinanciar la deuda con un interés menor. No se pudo.


Cabe anotar que después en el gobierno de Moreno también se realizaron preventas como fue la de mayo del 2018, con lo que el Fisco recibió USD 400 millones.

Las preguntas obvias que resultan de este análisis y que han sido contestadas por investigadores y la cruda realidad son:

¿Por qué se endeudaba un país que justo en ese momento tenía los mayores ingresos de su historia?

¿Por qué no se registró como deuda cuando era evidente que era un crédito contra una garantía?

¿Por qué pagaban una parte de la deuda en “efectivo”?

¿Por qué 7 de los 13 contratos de prenda petrolera fueron declarados reservados?

¿Por qué no se entrega directamente a las empresas chinas sino a través de intermediarios que de entrada tienen un diferencial de usd 4 para negociar?

¿Por qué los gobiernos de Moreno y Lasso no transparentan los contratos y registros de la DEUDA con China garantizado con preventas de petróleo?

y sobre todo:

¿Por qué no estan presos los causantes de este atraco?

 

Econ. Edison Estévez C

Quito, a 8 de abril de 2022